Tradicionalmente, la agricultura valenciana se ha visto condicionada por problemas estructurales vinculados a factores como la excesiva fragmentación de la propiedad de la tierra, la falta de una cultura de la gestión en común de la producción, la escasa movilidad del mercado de tierras o la articulación de la cadena alimentaria.
Las asimetrías en la cadena de valor obligan a la búsqueda de nuevos modelos de relación entre los agentes de la cadena alimentaria, y a apostar por innovaciones sociales que añadan valor a la producción, permitan la diversificación de las explotaciones y faciliten fórmulas de gestión medioambientalmente sostenibles y económicamente viables. Estas nuevas formas de gestión requieren una movilización de las estructuras agrarias en beneficio de actividades emprendedoras, a través de procesos de reestructuración que ofrezcan todas las posibilidades que puedan existir en la agricultura valenciana.
Las actuaciones de mejora de estructuras agrarias impulsadas por la Administración autonómica respaldan la explotación asociativa o la agrupación de explotaciones, desde un concepto genérico denominado Iniciativa de Gestión en Común (IGC), que favorece la realización en común de actividades complementarias agrarias relacionadas, la ayuda mutua entre explotaciones y una mayor racionalización en el empleo de los medios humanos y materiales disponibles.